3.ª Edad en España.

OTRO PARCHE

Ya hace tiempo que en el sector se reivindica que en lugar de sostener la solución ruinosa de crear y mantener residencias públicas debería convertirse en un tipo de subvención que dinamice el sector privado pero beneficiando en primera instancia al dependiente. Una de las opciones era dar un "cheque" a cada dependiente, según su grado de necesidad de ayuda, para sostener una vida digna sin "quemar" a su familia directa y por el importe al que se compromete la administración de turno para cumplir con sus votantes, perdón, con su conciencia social.

Si decidía ir a una residencia privada, solo tendría que aportar el cheque más la diferencia sobre el precio de cada residencia. Esta idea no gustó, ya que los precios son libres y todos subirían los precios en función de esa diferencia con la ayuda estatal. El mundo está lleno de ambiciosos con pocos escrúpulos. Pero es curioso que con el concierto actual se dé la situación contraria a favor de la administración, ya que estas pagan por debajo de mercado y te hacen creer que de esta manera consigues llenar tus plazas; sin contar las que terminan cerrando porque pagan demasiado tarde y con la situación crediticia, solo puedes pagar de tu bolsillo hasta que se te acaba el dinero.

En la Comunidad de Madrid se acaba de instaurar el "Cheque Servicio".

Es una ayuda económica que nace con la "vocación" (que bonito queda cuando usas la semántica) de dar libertad a la persona en situación de dependencia o a su familia para contratar el servicio o recurso que consideren más adecuado a sus necesidades. En cada comunidad autónoma variará.

Se reconoce cuando no es posible el acceso a un servicio prestado mediante la Red de Centros Públicos, Contratados y Concertados de la Comunidad de Madrid. En este caso, el usuario buscará en el sector privado el recurso que más le interese por el que percibirá una cuantía mensual de la Comunidad de Madrid que le ayude a sufragar su coste.

Cuantías Máximas

Grado	Nivel	euros/mes
Grado III	Nivel 2	833,96 euros/mes
Grado III	Nivel 1	625,47 euros/mes
Grado II	Nivel 2	462,18euros/mes
Grado II	Nivel 1	401,20 euros/mes

Hay que tener en cuenta que la prestación económica vinculada al servicio es incompatible con el disfrute de ese mismo servicio, siempre que el acceso a este lo determine cualquier Administración Pública. Cada beneficiario sólo podrá percibir prestación económica de un tipo.
1. Las cuantías máximas de las prestaciones económicas se establecerán anualmente por Real Decreto, previo acuerdo del Consejo Territorial, para los grados y niveles con derecho a prestaciones. La cuantía de las prestaciones económicas areconocer a cada beneficiario se determinará aplicando a la cuantía vigente para cada año un coeficiente reductor, según su capacidad económica.

2. La cuantía de la prestación será del 100% de la cantidad establecida por el órgano competente cuando la capacidad económica del beneficiario sea igual o inferior al IPREM.

3. Si la capacidad económica es superior al IPREM, el beneficiario recibirá una prestación de, al menos, el 40% de la cuantía establecida anualmente para las prestaciones económicas vinculadas al servicio y de asistencia personal; y del 75% para la de cuidados en el entorno familiar.

4. El porcentaje específico de participación se determinará en función de las siguientes fórmulas, que aseguran la progresividad en su aplicación:

• Cuantía mensual para la prestación económica vinculada al servicio: CM x [1,1125 - (0,15 x R/IPREM)].
• Cuantía mensual para la prestación económica de asistencia personal: CM x [1,1125 - (0,15 x R/IPREM)]
• Cuantía mensual para la prestación económica de cuidados en el entorno familiar: CM x [1’06 - (0’08 x R/IPREM)].

Donde:

• CM es la cuantía máxima establecida para cada prestación económica en cada grado y nivel de
  dependencia.
• R es la capacidad económica personal calculada según lo establecido en los artículos
  correspondientes de esta Orden, dividida por doce meses.
• IPREM es Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en la cuantía mensual aprobada por la normativa vigente, correspondiente al ejercicio en que se reconoce el derecho a la prestación.

5. En el caso de que el Programa Individual de Atención conceda la prestación económica por cuidados en el entorno familiar y ayuda a domicilio no intensiva, la cuantía de la prestación será el 50% de la que le corresponda en función de su capacidad económica

6. En los supuestos en que el beneficiario sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad establecida en otro régimen público de protección, se deducirán del importe a reconocer las prestaciones siguientes:

• Complemento de gran invalidez.
• Complemento de la asignación económica por hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de minusvalía igual o superior al 75%
• Complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva, regulado en los artículos 139.4, 182 bis.2.c), 145.6 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
• Subsidio de ayuda a tercera persona previsto en el artículo 12.2.c) de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
• Cualquier otra prestación económica de análoga naturaleza y finalidad concedida por otros regímenes públicos equivalentes al de la Seguridad Social.

7. Cuando el beneficiario sea titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad, el importe de la prestación económica a reconocer, tras las deducciones anteriores, no podrá ser inferior al 25% de la cuantía máxima establecida para cada una de las prestaciones económicas vigente en la fecha en que se produzca el reconocimiento de la prestación.

En Castilla y León ya lleva algún tiempo y lo han repartido así:

Por lo que respecta a la edad, tienen, principalmente, entre 25 y 50 años (91,4 por ciento). Les siguen los mayores de 50 (6,8 por ciento), y los menores de 25 (1,8 por ciento). En cuanto a los estudios, los mayores porcentajes los registran licenciado y diplomados (con un 36,16 y un 34,7 por ciento, en cada caso); personas que han cursado Formación Profesional (FP) (14,2 por ciento), Educación Secundaria (14,02) y con estudios primarios (0,92 por ciento).

Satisfacción

La última encuesta sobre el ‘Cheque servicio’ indica que se ha configurado como una herramienta efectiva de conciliación de la vida familiar y laboral. El 92 por ciento de los usuarios encuestados asegura que esta iniciativa ha sido de gran ayuda para conciliar la vida laboral y familiar y la práctica totalidad recomendaría este servicio a otras personas. Además, un 73 por ciento reconoce sentirse “muy satisfecho” con el servicio.

Ya se sabe con las encuestas: si tú te has comido un pollo y yo no, los dos nos hemos comido medio pollo.

Al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga.

UN NEGOCIO RECIENTE

Unos 5,5 millones de españoles sobrepasan los 65 años. Buena parte de este colectivo mantiene todas su facultades en perfecto estado, pero uno de cada cuatro necesita algún tipo de ayuda para desenvolverse en sus actividades cotidianas.
Aunque casi todos los mayores prefieren ser atendidos por sus familiares antes que recurrir a servicios sociales públicos o privados, el frenético ritmo de vida actual no concede margen para prestar a los ancianos los cuidados que necesitan.

Las residencias son una alternativa para aquellas personas que no pueden llevar una vida independiente ni recibir la asistencia adecuada en su propio domicilio. Sin embargo, las estadísticas revelan que el volumen de plazas ofertadas por estos centros no es suficiente para atender de forma adecuada a la tercera edad.
Mientras que en la mayor parte de los países europeos el número de camas está entre 5 y 6 por cada 100 habitantes, en España la tasa es de 2,5. Por tanto, nuestro país necesita incrementar entre un 40 y un 50% el número de plazas para ponerse a la altura de la UE y poder cubrir las necesidades de este segmento de la población.

Las listas de espera para ingresar en una residencia pública son interminables (de media 15 meses, hay que ser pobre de solemnidad, sin patrimonio ni ingresos que superen el mínimo del baremo de dependencia) y tan sólo a unos pocos se les concede el privilegio de disfrutar de una plaza. Si el presupuesto familiar lo permite, la alternativa es recurrir a un centro privado.

En los últimos 20 años hemos pasado de convertir cualquier chalet grande, llenarle de camas y casi sin ninguna adaptación (a veces con un pasamanos bastaba) a macrocentros de 600 plazas. Era necesaria una regulación del sector por parte de las administraciones lo suficientemente amplia y exigente como para impedir las prácticas desaprensivas de algunos centros (de vez en cuando se "destapa" que en alguna residencia nuestros mayores están hacinados, se les da de comer un rancho insufrible y poco o nada adaptado a sus patologías: diabetes, hipertensión...). He de decir, que muchas de estas situaciones son "consentidas" por los familiares, ya que les cobran por debajo de mercado (800 o 900€/mes), que es lo que se pueden permitir pagar, a lo mejor entre varios hijos, quitandose de encima el trastorno de tener a un anciano que necesita una atención constante por culpa de un Altzheimer o un Parkinson, que no pueden asearse ni vestirse ni comer por su cuenta, que no quieren o no pueden controlar su medicación (con un pautado horario específico y una cantidad de pastillas llamativa para un "sano", pueden tomar 20 pastillas al día). Quizá en algún momento sufren una inspección y les pillan descubriendo estas situaciones.

Hay que ser realista para darse cuenta que no existen plazas estatales suficientes, y que según los criterios de admisión de las comunidades autónomas (se suelen quedar con el 80% de la pensión en concepto de pago por la plaza) es una empresa que da pocos réditos políticos y un gasto social desmesurado. Haciendo una cuenta rápida, si a mi padre o a mi abuela, que han trabajado como animales toda su vida para sacar a su familia (y al país de una postguerra y una dictadura) adelante pero que, especialmente las mujeres de aquella época por diversas razones, no han cotizado a la seguridad social y han recibido una pensión no contributiva de unos 400€ y, por utilizar un símil quizá más simple de entender, ¿que hotel da alojamiento con pensión completa, lavandería, servicio de enfermería y médico por 10€ al día? La diferencia sale de nuestros impuestos, o sea que si tenemos unas 50.000 plazas públicas y faltara por compensar con 1000€ cada plaza con esos impuestos serían 50 millones al mes x 12 = 600 millones. Aquí no contamos el coste de crear cada centro (de 300.000 a 10 millones de euros cada uno; hay más de 1000 en todo el país de titularidad pública). Mucho dinero.

El sector privado ha crecido enormemente, alrededor de un 11% en los últimos tres años, de manera que en este momento el índice de cobertura nacional está en el 3,78 %. Esto quiere decir que por cada 100 personas mayores de 65 años hay 3,78 plazas. Se han creado 300.000 plazas en un breve periodo de tiempo gracias a la gestión privada.
En este momento hay alrededor de un 20% de camas vacías en España. El sector privado está soportando unas rentabilidades escasas, incluso perdidas. Se encuentra en una crisis de crecimiento. Por otro lado, las residencias públicas están totalmente llenas y con listas de espera.

¿Dónde reside el problema? 

En la concertación. No hay financiación para que las personas puedan acceder a las plazas concertadas. Anualmente, las consejerías sociales de cada comunidad autónoma aprueban unos presupuestos, y con ellos crean plazas concertadas. Los usuarios piden la concesión de una plaza concertada directamente, y con cargo a ese presupuesto, van otorgando plazas subvencionadas. Cuando el presupuesto se agota, también se agotan las plazas, y no se crean más.

Trámites y 'papeleo'.

Además de los requisitos arquitectónicos, de equipamiento y de personal exigidos por la legislación, para poner en funcionamiento la residencia tendrá que obtener la licencia municipal correspondiente, inscribirse en el registro de entidades dedicadas a prestar servicios sociales, darse de alta en Hacienda y en la Seguridad Social.
Además, es preciso solicitar la autorización administrativa de la consejería de Asuntos Sociales de la comunidad autónoma. Conviene también suscribir un seguro de responsabilidad civil que le respalde ante cualquier percance que pudiera sufrir el paciente.
Si quiere que le lluevan los clientes, tendrá que poner especial empeño en prestar un servicio inmejorable. Los usuarios deben sentirse como en su propia casa, lo que depende en buena medida de la cualificación del personal que contrate.Además de los servicios fundamentales, puede ofrecer a sus clientes otras prestaciones como terapia ocupacional, fisioterapia, asistencia social y peluquería, para lo que tendrá que incrementar la plantilla de personal especializado.


Es un buen negocio, si puede invertir entre 100.000€ y varios millones. No sufre altibajos por estacionalidad pero sí muchos requerimientos burocráticos (que suelen ahogar a las residencias pequeñas), sufriendo al menos tres inspecciones cada años (por lo general dos de los servicios sociales y una de sanidad. Con un precio por plaza en torno a 1.500€/residente, en una residencia de 30 plazas y cumpliendo los criterios exigidos por cada Consejería de Asuntos Sociales, con tres auxiliares en cada turno de día y un auxiliar de noche, una enfermera y un médico a tiempo parcial (que se tiene por imagen y para agilizar servicios como certificar una defunción o facilitarle al médico del centro de salud las recetas de las medicinas que prescribir él al estar esos residentes empadronados en ese distrito) se tiene un coste en este personal de unos 12.000€/mes. Limpieza, lavandería y cocina unos 4000€/mes. (en personal, agua y detergentes aparte). Un/a director/a 2.000 a 2.500€/mes, por supuesto, comida: 8€/persona/día es la media por las 30 plazas por 30 días: 7.200€/mes.

O sea:

Ingresos ------------- 1.500€/residente/mes x 30 plazas= 45.000€/mes

Gastos ------------ Personal (todo):                                 16.000€/mes
                          Catering:                                             7.200€/mes
                          Alquiler ó hipoteca:                               6.000€/mes
                          Suministros (luz, gas, teléfono):             1.000€/mes
                          Impuesto sociedades (35%  45.000-30.200=14.800 x 35%= 9.600€ margen)     



Hay "gastos" como las retenciones de los trabajadores que sí las he metido (grosso modo) pero no el famoso iva que es del 8%. No es un ebitda en condiciones y esto es una situación idílica en la que se tiene el 100% de capacidad ocupado pero, ¿y sí solo se consigue entre el 70 y el 80% de capacidad? Las cuentas empezarán a no salir. Por ejemplo, con el 70% (21 plazas ocupadas) hay que seguir manteniendo la misma estructura de personal y solo algunos gastos como la comida, bajarán algo:


Ingresos ------------- 1.500€/residente/mes x 21 plazas= 31.500€/mes


Gastos ------------ Personal (todo):                                 16.000€/mes
                          Catering:                                             5.000€/mes
                          Alquiler ó hipoteca:                               6.000€/mes
                          Suministros (luz, gas, teléfono):             1.000€/mes
                          Impuesto sociedades (35%  31.500-28.000=3.500 x 35%= 2.275€ margen)

Ya no parece tan buen negocio ¿no?
                  

El coste de atender a un dependiente es muy dispar. No es lo mismo pagar los 1.800 euros mensuales de media que cuesta una plaza en una residencia que los 519 euros que recibe, como máximo, un cuidador no profesional cada mes. La teleasistencia aún es más barata: 20 euros mensuales. Las diferencias en el coste de las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia han llevado a la mayoría de las comunidades autónomas a pedir un cambio en la forma en que el Estado les reparte el dinero para aplicar la norma. Como complemento, se supone que va a dar una serie de ayudas (a algunos se les ha concedido una cantidad de chiste, algunos céntinos, o pero aún, la han recibido a título póstumo). Aquí puede hacerse una idea para su cálculo.


El sector tiende a buscar una mejor calidad en el servicio, asociada a una mejor relación calidad-precio. También se tiende a hacer residencias medianas y grandes. Muchas pequeñas han desaparecido o desaparecerán porque no pueden hacer frente a todas las exigencias administrativas ni competir con las instalaciones de las grandes. Desde mi punto de vista, considero que debería fomentarse la permanencia de residencias pequeñas puesto que hay usuarios que las prefieren, pero no son rentables por debajo de 25 usuarios (insisto: personal en tres turnos, enfermería, medico, farmacia, catering o cocina en el centro, adaptación de instalaciones según criterio de la comunidad autónoma de turno, alquileres de los edificios o hipoteca por compra y/o construcción).

Del total de residencias que estaban en funcionamiento el año 2008 ( no he encontrado datos más recientes), es decir 5.002 centros con una suma de 338.294 plazas, la mayor parte 3.866 eran de titularidad privada, y de éstas 2.673 de iniciativa mercantil y 1.193 de iniciativa social (estas son las que pertenecen a alguna obra social de una caja de ahorros). Las 1.136 restantes correspondían de titularidad pública. En términos de plazas, la oferta procedente del sector privado continuó siendo mayoritaria, suponiendo el 73,1% del total de plazas, mientras que el 26,8% restante eran públicas. Cinco empresas privadas absorben un 16,4 por ciento del mercado total de residencias geriátricas en todo el territorio nacional. Se trata de las entidades Grupo Ballesol, Mapfre Quavitae, AMMA-Gerogestión, Grupo Sar y Sanitas Residencial, subiendo al 23,8% al considerar a los 10 primeros competidores.

ANÁLISIS DEL SECTOR
 
Nos encontramos ante un sector muy atomizado, en el que la gran mayoría de empresas son pymes. Para una empresa pequeña es muy complicado crecer por la competencia de las grandes, debido a la bajada de precios que disminuye la rentabilidad, el incremento del precio del suelo, etc.

Para intentar estudiar el sector y su estructura, podemos establecer varios tipos de clasificaciones de los centros: por el número, por el tipo de usuario, por el tipo de plazas, por el tipo de financiación de la plaza, y, por último, por el tipo de gestión. A continuación te ofrecemos un breve resumen de las tipologías:

• Clasificación por el número. Podemos dividirlo a su vez en pisos tutelados –en ellos viven un máximo de seis u ocho personas juntas–, pisos vigilados –la persona vive en un apartamento propio y suele estar asociado a un centro de día–, residencias pequeñas –con un número de usuarios de hasta 40 plazas–, residencias medianas –de entre 40 y 100 plazas–, residencias grandes –suelen tener entre 100 y 200 plazas– y residencias muy grandes –entre 250 y 300 plazas disponibles–.

• Clasificación por tipología de usuario. Las dividiremos entre residencias para válidos –aquellas cuyos usuarios son independientes para las actividades de la vida diaria–, asistidos –los usuarios tienen dependencia física, funcional o mental y precisan ayuda para las actividades diarias– y mixtas –son las residencias que incluyen personas asistidas y válidas.

• Clasificación en cuanto al tipo de plazas. Pueden ser permanentes, temporales, diurnas o centros de día y plazas socio sanitarias –el residente ingresa en la residencia directamente desde el hospital–.

• Clasificación según el tipo de financiación. Encontramos en este grupo plazas públicas –financiadas por la Administración Pública, la Autonómica o la Local, en donde el usuario aporta aproximadamente el 80% de su pensión–, plazas privadas y plazas cofinanciadas –al 50% la Administración y el usuario–.

• Clasificación según la modalidad de gestión. Tenemos la residencia pública, la privada y la concertada, cuya gestión es en parte pública y en parte privada.

• Clasificación según la atención. Podemos clasificarlas en generales –que atienden a ancianos con todo tipo de problemática– y específicas –que centran su atención en un colectivo con patologías determinadas–. 

Los grandes grupos consolidarán sus planes de expansión gracias al incremento del concierto con los servicios sociales públicos, mientras los pequeños operadores encontarán mayores dificultades para la supervivencia, debido a una clima de creciente rivalidad. La clave en el aumento progresivo de la demanda social de servicios de asistencia sociosanitaria a las personas mayores hay que buscarla en factores tanto socio-económicos como culturales, que condicionan el ámbito en el que deben desarrollarse las condiciones adecuadas para procurar su bienestar, y que no siempre pueden ser satisfechas de forma asumible por su entorno familiar.

"Ud. como residencia ha hecho algo mal... yo como inspector solo tengo que encontrarlo".

Este es el dogma de fé que llevan todos los inspectores de las Consejerías de Familia y Servicios Sociales de todas las Comunidades Autónomas. La persecución interesada que ejercen estos funcionarios sobre las empresas que se dedican a ofrecer estos servicios es desmesurada. No existe ninguna otra actividad en que se realicen tanta supervisión por parte del poder político. Ah no, que no es con todas, es verdad. Se hacen en particular sobre las que tienen menos de 50 plazas (ya que no les sirven para obtener plazas que puedan entrar en el supuesto concierto que existe para realizar un co-pago). Digo que es interesada porque imponen multas (fuertes multas: oscilan entre los 3000€ y los 60000€ con el cierre del establecimiento). Hay que contribuir al sostenimiento de este cuerpo de funcionarios, claro.

En Madrid se incrementará el 50% el personal para realizar 3.000 inspeciones anuales.

La Comunidad de Madrid reforzará el servicio de inspección a residencias de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales con nuevas actuaciones que supondrán multiplicar por dos el número de inspecciones y pedirá la opinión de los usuarios para conocer la calidad de estos centros. El día que haga lo mismo con nuestos colegios o con los hospitales....

Este será un primer paso antes de elaborar un Plan Global de Calidad de los Servicios Sociales, que incluye entre las novedades más importantes la obligatoriedad de visitar al menos en dos ocasiones al año los centros residenciales.


Las nuevas actuaciones de inspección imponen una serie de obligaciones tanto a centros como a la propia Administración, que evaluará el grado de cumplimiento de sus objetivos y la eficacia de sus actuaciones, con el fin último de verificar la calidad de los servicios y que los destinatarios perciban la atención más adecuada a sus necesidades. En la práctica depende del coste de la plaza para quien la paga (en su mayoría los residentes y sus familias de forma privada, como escribí arriba) así que... tendrán lo que paguen.

Para conseguir estos objetivos, el servicio de inspectores de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que dirige Engracia Hidalgo en la Comunidad de Madrid, aumentará en número hasta un total de 45 profesionales, de los que 22 serán inspectores, lo que supondrá un incremento del 50% de personal.
Además, estos profesionales llevarán a cabo las inspecciones cualquier día de la semana, incluso festivos, y en horario tanto diurno como nocturno.

¿Se imaginan una inspección a las dos de la madrugada cuando el/la inspector/a llame de forma insistente para que le abran y que coincida con un cambio postural y/o de pañales y la auxiliar deba dejar su trabajo para atender al funcionario de turno?

En total, se pretende realizar anualmente más de 3.000 inspecciones. ¿Eso en multas cuanto será? Si ese es el objetivo y, digamos, que "pillan" a un 10%, o sea 300 residencias inspeccionadas a un mínimo de 3000€: 900.000€
y si la media es de 20.000€: ¡¡¡6.000.000€!!! Lo que yo pensaba, un gran negocio para la administración. Si lo dividiesemos entre los 45 inspectores sale un sueldo de controlador aereo.



Con este plan, también se establecerá la obligatoriedad de una inspección anual en los centros de atención diurna.
Asimismo, el servicio de inspección vigilará que, por primera vez, otros servicios de acción social, como la ayuda a domicilio y teleasistencia, sean inspeccionados de forma aleatoria y no únicamente cuando sean denunciados. Esta iniciativa contiene numerosas novedades tanto en la cantidad como en la calidad de las inspecciones, que se adaptan a las nuevas necesidades del sector e introducen nuevos métodos telemáticos, así como el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la actividad inspectora. Pero de las ayudas a la dependencia no quieren saber.
Ya iban equipados estos funcionarios con un ordenador y una impresora que les permite dejar, en el acto, una copia de del acta de la inspección.

Igualmente, se llevará a cabo un seguimiento especial a los centros sancionados o en los que se detecten incidencias subsanables en visitas anteriores. Por supuesto, ha habido casos en los que una residencia de 50 plazas, intentaba duchar a todos sus residentes con un único calentador de 5l. doméstico... una verguenza. Siempre hay listos que quieren sacar más beneficio del que dá y se tiran colchones en el salón para que quepan más o, cuando hay suerte literas y camas supletorias... ya casi no pasa, tranquilo.


La opinión de los usuarios y familiares tendrá una gran importancia para la labor de inspección de la Comunidad de Madrid, a los que de forma anual se pedirá que evalúen el grado de satisfacción de los servicios sociales que reciben mediante una encuesta de calidad. Aunque esos servicios sociales se den de forma privada y no porque un asistente social lo ofrezca y/o lo supervise. De hecho ni siquiera se persona el médico del centro de salud del que dependen TODOS los residentes (en forma de recetas, principalmente) que estén empadronados en su area.

Todo este control redunda en las citadas Consejerías en más facturación, perdón, multas para corregir supuestas desviaciones en la gestión y trato que ofrecen estas empresas. Hay que recordar que tanto los familiares como los residentes que las habitan ya pueden denunciar cualquier maltrato y/o condiciones insalubres ante numerosos organismos desde estas consejerías hasta la policía.

La consigna a nivel político se parece mucho a la de la DGT: prohibir para multar; multar para sostenernos en nuestras poltronas; vender la idea de que "papá estado" es el único capacitado para decirte como tienes que vivir.