OTRO PARCHE
Ya hace tiempo que en el sector
se reivindica que en lugar de sostener la solución ruinosa de crear y
mantener residencias públicas debería convertirse en un tipo de
subvención que dinamice el sector privado pero beneficiando en primera
instancia al dependiente. Una de las opciones era dar un "cheque" a cada
dependiente, según su grado de necesidad de ayuda, para sostener una
vida digna sin "quemar" a su familia directa y por el importe al que se
compromete la administración de turno para cumplir con sus votantes,
perdón, con su conciencia social.
Si decidía ir
a una residencia privada, solo tendría que aportar el cheque más la
diferencia sobre el precio de cada residencia. Esta idea no gustó, ya
que los precios son libres y todos subirían los precios en función de
esa diferencia con la ayuda estatal. El mundo está lleno de ambiciosos
con pocos escrúpulos. Pero es curioso que con el concierto actual se dé
la situación contraria a favor de la administración, ya que estas pagan
por debajo de mercado y te hacen creer que de esta manera consigues
llenar tus plazas; sin contar las que terminan cerrando porque pagan
demasiado tarde y con la situación crediticia, solo puedes pagar de tu
bolsillo hasta que se te acaba el dinero.
En la Comunidad de Madrid se acaba de instaurar el "Cheque Servicio".
Es una ayuda económica que nace con la "vocación" (que bonito queda cuando usas la semántica)
de dar libertad a la persona en situación de dependencia o a su familia
para contratar el servicio o recurso que consideren más adecuado a sus
necesidades. En cada comunidad autónoma variará.
Se
reconoce cuando no es posible el acceso a un servicio prestado mediante
la Red de Centros Públicos, Contratados y Concertados de la Comunidad
de Madrid. En este caso, el usuario buscará en el sector privado el
recurso que más le interese por el que percibirá una cuantía mensual de
la Comunidad de Madrid que le ayude a sufragar su coste.
Cuantías Máximas
Grado | Nivel | euros/mes |
Grado III | Nivel 2 | 833,96 euros/mes |
Grado III | Nivel 1 | 625,47 euros/mes |
Grado II | Nivel 2 | 462,18euros/mes |
Grado II | Nivel 1 | 401,20 euros/mes |
Hay que tener en cuenta que la prestación económica vinculada al servicio es incompatible con el disfrute de ese mismo servicio, siempre que el acceso a este lo determine cualquier Administración Pública. Cada beneficiario sólo podrá percibir prestación económica de un tipo.
1. Las cuantías máximas de las prestaciones económicas se establecerán anualmente por Real Decreto,
previo acuerdo del Consejo Territorial, para los grados y niveles con
derecho a prestaciones. La cuantía de las prestaciones económicas
areconocer a cada beneficiario se determinará aplicando a la cuantía vigente para cada año un coeficiente reductor, según su capacidad económica.
2. La
cuantía de la prestación será del 100% de la cantidad establecida por
el órgano competente cuando la capacidad económica del beneficiario sea
igual o inferior al IPREM.
3. Si la capacidad económica es superior al IPREM, el beneficiario recibirá una prestación
de, al menos, el 40% de la cuantía establecida anualmente para las
prestaciones económicas vinculadas al servicio y de asistencia personal;
y del 75% para la de cuidados en el entorno familiar.
4. El
porcentaje específico de participación se determinará en función de las
siguientes fórmulas, que aseguran la progresividad en su aplicación:
-
Cuantía mensual para la prestación económica vinculada al servicio: CM x [1,1125 - (0,15 x R/IPREM)].
-
Cuantía mensual para la prestación económica de asistencia personal: CM x [1,1125 - (0,15 x R/IPREM)]
-
Cuantía mensual para la prestación económica de cuidados en el entorno familiar: CM x [1’06 - (0’08 x R/IPREM)].
Donde:
-
CM es la cuantía máxima establecida para cada prestación económica en cada grado y nivel de
dependencia.
-
R es la capacidad económica personal calculada según lo establecido en los artículos
correspondientes de esta Orden, dividida por doce meses.
-
IPREM es Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en la cuantía mensual aprobada por la normativa vigente, correspondiente al ejercicio en que se reconoce el derecho a la prestación.
5. En el caso de que el
Programa Individual de Atención conceda la prestación económica por
cuidados en el entorno familiar y ayuda a domicilio no intensiva, la
cuantía de la prestación será el 50% de la que le corresponda en función
de su capacidad económica
6. En los supuestos en que el
beneficiario sea titular de cualquier otra prestación de análoga
naturaleza y finalidad establecida en otro régimen público de protección, se deducirán del importe a reconocer las prestaciones siguientes:
-
Complemento de gran invalidez.
-
Complemento de la asignación económica
por hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de minusvalía
igual o superior al 75%
-
Complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva,
regulado en los artículos 139.4, 182 bis.2.c), 145.6 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
-
Subsidio de ayuda a tercera persona previsto en el artículo 12.2.c) de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
-
Cualquier otra prestación económica de
análoga naturaleza y finalidad concedida por otros regímenes públicos
equivalentes al de la Seguridad Social.
7.
Cuando el beneficiario sea
titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad,
el importe de la prestación económica a reconocer, tras las deducciones
anteriores, no podrá ser inferior al 25% de la cuantía máxima
establecida para cada una de las prestaciones económicas vigente en la fecha en que se produzca el reconocimiento de la prestación.
En Castilla y León ya lleva algún tiempo y lo han repartido así:
Por
lo que respecta a la edad, tienen, principalmente, entre 25 y 50 años
(91,4 por ciento). Les siguen los mayores de 50 (6,8 por ciento), y los
menores de 25 (1,8 por ciento). En cuanto a los estudios, los mayores
porcentajes los registran licenciado y diplomados (con un 36,16 y un
34,7 por ciento, en cada caso); personas que han cursado Formación
Profesional (FP) (14,2 por ciento), Educación Secundaria (14,02) y con
estudios primarios (0,92 por ciento).
Satisfacción
La
última encuesta sobre el ‘Cheque servicio’ indica que se ha configurado
como una herramienta efectiva de conciliación de la vida familiar y
laboral. El 92 por ciento de los usuarios encuestados asegura que esta
iniciativa ha sido de gran ayuda para conciliar la vida laboral y
familiar y la práctica totalidad recomendaría este servicio a otras
personas. Además, un 73 por ciento reconoce sentirse “muy satisfecho”
con el servicio.
Ya se sabe con las encuestas: si tú te has comido un pollo y yo no, los dos nos hemos comido medio pollo.
Al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga.
UN NEGOCIO RECIENTE
Unos
5,5 millones de españoles sobrepasan los 65 años. Buena parte de este
colectivo mantiene todas su facultades en perfecto estado, pero uno de
cada cuatro necesita algún tipo de ayuda para desenvolverse en sus
actividades cotidianas.
Aunque casi todos los mayores prefieren
ser atendidos por sus familiares antes que recurrir a servicios sociales
públicos o privados, el frenético ritmo de vida actual no concede
margen para prestar a los ancianos los cuidados que necesitan.
Las
residencias son una alternativa para aquellas personas que no pueden
llevar una vida independiente ni recibir la asistencia adecuada en su
propio domicilio. Sin embargo, las estadísticas revelan que el volumen
de plazas ofertadas por estos centros no es suficiente para atender de
forma adecuada a la tercera edad.
Mientras que en la mayor parte de los países europeos
el número de camas está entre 5 y 6 por cada 100 habitantes, en España
la tasa es de 2,5. Por tanto, nuestro país necesita incrementar entre un
40 y un 50% el número de plazas para ponerse a la altura de la UE y
poder cubrir las necesidades de este segmento de la población.
Las
listas de espera para ingresar en una residencia pública son
interminables (de media 15 meses, hay que ser pobre de solemnidad, sin
patrimonio ni ingresos que superen el mínimo del baremo de dependencia) y
tan sólo a unos pocos se les concede el privilegio de disfrutar de una
plaza. Si el presupuesto familiar lo permite, la alternativa es recurrir
a un centro privado.
En los últimos 20 años hemos
pasado de convertir cualquier chalet grande, llenarle de camas y casi
sin ninguna adaptación (a veces con un pasamanos bastaba) a macrocentros
de 600 plazas. Era necesaria una regulación del sector por parte de las
administraciones lo suficientemente amplia y exigente como para impedir
las prácticas desaprensivas de algunos centros (de vez en cuando se
"destapa" que en alguna residencia nuestros mayores están hacinados, se
les da de comer un rancho insufrible y poco o nada adaptado a sus
patologías: diabetes, hipertensión...). He de decir, que muchas de estas
situaciones son "consentidas" por los familiares, ya que les cobran por
debajo de mercado (800 o 900€/mes), que es lo que se pueden permitir
pagar, a lo mejor entre varios hijos, quitandose de encima el trastorno
de tener a un anciano que necesita una atención constante por culpa de
un Altzheimer o un Parkinson, que no pueden asearse ni vestirse ni comer
por su cuenta, que no quieren o no pueden controlar su medicación (con
un pautado horario específico y una cantidad de pastillas llamativa para
un "sano", pueden tomar 20 pastillas al día). Quizá en algún momento
sufren una inspección y les pillan descubriendo estas situaciones.
Hay
que ser realista para darse cuenta que no existen plazas estatales
suficientes, y que según los criterios de admisión de las comunidades
autónomas (se suelen quedar con el 80% de la pensión en concepto de pago
por la plaza) es una empresa que da pocos réditos políticos y un gasto
social desmesurado. Haciendo una cuenta rápida, si a mi padre o a mi
abuela, que han trabajado como animales toda su vida para sacar a su
familia (y al país de una postguerra y una dictadura) adelante pero que,
especialmente las mujeres de aquella época por diversas razones, no han
cotizado a la seguridad social y han recibido una pensión no
contributiva de unos 400€ y, por utilizar un símil quizá más simple de
entender, ¿que hotel da alojamiento con pensión completa, lavandería,
servicio de enfermería y médico por 10€ al día? La diferencia sale de
nuestros impuestos, o sea que si tenemos unas 50.000 plazas públicas y
faltara por compensar con 1000€ cada plaza con esos impuestos serían 50
millones al mes x 12 = 600 millones. Aquí no contamos el coste de crear
cada centro (de 300.000 a 10 millones de euros cada uno; hay más de 1000
en todo el país de titularidad pública). Mucho dinero.
El
sector privado ha crecido enormemente, alrededor de un 11% en los
últimos tres años, de manera que en este momento el índice de cobertura
nacional está en el 3,78 %. Esto quiere decir
que por cada 100 personas mayores de 65 años hay 3,78 plazas. Se han
creado 300.000 plazas en un breve periodo de tiempo gracias a la gestión
privada.
En este momento
hay alrededor de un 20% de camas vacías en España. El sector privado
está soportando unas rentabilidades escasas, incluso perdidas. Se
encuentra en una crisis de crecimiento. Por otro lado, las residencias públicas están totalmente llenas y con listas de espera.
¿Dónde reside el problema?
En
la concertación. No hay financiación para que las personas puedan
acceder a las plazas concertadas. Anualmente, las consejerías sociales
de cada comunidad autónoma aprueban unos presupuestos, y con ellos crean
plazas concertadas. Los usuarios piden la concesión de una plaza
concertada directamente, y con cargo a ese presupuesto, van otorgando
plazas subvencionadas. Cuando el presupuesto se agota, también se agotan
las plazas, y no se crean más.
Trámites y 'papeleo'.
Además
de los requisitos arquitectónicos, de equipamiento y de personal
exigidos por la legislación, para poner en funcionamiento la residencia
tendrá que obtener la licencia municipal correspondiente, inscribirse en
el registro de entidades dedicadas a prestar servicios sociales, darse
de alta en Hacienda y en la Seguridad Social.
Además, es preciso
solicitar la autorización administrativa de la consejería de Asuntos
Sociales de la comunidad autónoma. Conviene también suscribir un seguro
de responsabilidad civil que le respalde ante cualquier percance que
pudiera sufrir el paciente.
Si quiere que le lluevan los clientes,
tendrá que poner especial empeño en prestar un servicio inmejorable.
Los usuarios deben sentirse como en su propia casa, lo que depende en
buena medida de la cualificación del personal que contrate.Además de los
servicios fundamentales, puede ofrecer a sus clientes otras
prestaciones como terapia ocupacional, fisioterapia, asistencia social y
peluquería, para lo que tendrá que incrementar la plantilla de personal
especializado.
Es un buen negocio, si puede invertir entre
100.000€ y varios millones.
No sufre altibajos por estacionalidad pero sí muchos requerimientos
burocráticos (que suelen ahogar a las residencias pequeñas), sufriendo
al menos tres inspecciones cada años (por lo general dos de los
servicios sociales y una de sanidad. Con un precio por plaza en torno a
1.500€/residente, en una residencia de 30 plazas y cumpliendo los
criterios exigidos por cada Consejería de Asuntos Sociales, con tres
auxiliares en cada turno de día y un auxiliar de noche, una enfermera y
un médico a tiempo parcial (que se tiene por imagen y para agilizar
servicios como certificar una defunción o facilitarle al médico del
centro de salud las recetas de las medicinas que prescribir él al estar
esos residentes empadronados en ese distrito) se tiene un coste en este
personal de unos 12.000€/mes. Limpieza, lavandería y cocina unos
4000€/mes. (en personal, agua y detergentes aparte). Un/a director/a
2.000 a 2.500€/mes, por supuesto, comida: 8€/persona/día es la media por
las 30 plazas por 30 días: 7.200€/mes.
O sea:
Ingresos ------------- 1.500€/residente/mes x 30 plazas= 45.000€/mes
Gastos ------------ Personal (todo): 16.000€/mes
Catering: 7.200€/mes
Alquiler ó hipoteca: 6.000€/mes
Suministros (luz, gas, teléfono): 1.000€/mes
Impuesto sociedades (35% 45.000-30.200=14.800 x 35%= 9.600€ margen)
Hay
"gastos" como las retenciones de los trabajadores que sí las he metido
(grosso modo) pero no el famoso iva que es del 8%. No es un ebitda en
condiciones y esto es una situación idílica en la que se tiene el 100%
de capacidad ocupado pero, ¿y sí solo se consigue entre el 70 y el 80%
de capacidad? Las cuentas empezarán a no salir. Por ejemplo, con el 70%
(21 plazas ocupadas) hay que seguir manteniendo la misma estructura de
personal y solo algunos gastos como la comida, bajarán algo:
Ingresos ------------- 1.500€/residente/mes x 21 plazas= 31.500€/mes
Gastos ------------ Personal (todo): 16.000€/mes
Catering: 5.000€/mes
Alquiler ó hipoteca: 6.000€/mes
Suministros (luz, gas, teléfono): 1.000€/mes
Impuesto sociedades (35% 31.500-28.000=3.500 x 35%= 2.275€ margen)
Ya no parece tan buen negocio ¿no?
El coste de atender a un
dependiente
es muy dispar. No es lo mismo pagar los 1.800 euros mensuales de media
que cuesta una plaza en una residencia que los 519 euros que recibe,
como máximo, un cuidador no profesional cada mes.
La teleasistencia aún es más barata: 20 euros mensuales. Las diferencias en el coste de las prestaciones que ofrece la
Ley de Dependencia
han llevado a la mayoría de las comunidades autónomas a pedir un cambio
en la forma en que el Estado les reparte el dinero para aplicar la
norma. Como complemento, se supone que va a dar una serie de ayudas (a
algunos se les ha concedido una cantidad de chiste, algunos céntinos, o
pero aún, la han recibido a título póstumo). Aquí puede hacerse una idea
para su
cálculo.
El
sector tiende a buscar una mejor calidad en el servicio, asociada a una
mejor relación calidad-precio. También se tiende a hacer residencias
medianas y grandes. Muchas pequeñas han desaparecido o desaparecerán
porque no pueden hacer frente a todas las exigencias administrativas ni
competir con las instalaciones de las grandes. Desde mi punto de vista,
considero que debería fomentarse la permanencia de residencias pequeñas
puesto que hay usuarios que las prefieren, pero no son rentables por
debajo de 25 usuarios (insisto: personal en tres turnos, enfermería,
medico, farmacia, catering o cocina en el centro, adaptación de
instalaciones según criterio de la comunidad autónoma de turno,
alquileres de los edificios o hipoteca por compra y/o construcción).
Del
total de residencias que estaban en funcionamiento el año 2008 ( no he
encontrado datos más recientes), es decir 5.002 centros con una suma de
338.294 plazas, la mayor parte 3.866 eran de titularidad privada, y de
éstas 2.673 de iniciativa mercantil y 1.193 de iniciativa social (estas
son las que pertenecen a alguna obra social de una caja de ahorros). Las
1.136 restantes correspondían de titularidad pública. En términos de
plazas, la oferta procedente del sector privado continuó siendo
mayoritaria, suponiendo el 73,1% del total de plazas, mientras que el
26,8% restante eran públicas. Cinco empresas privadas absorben un 16,4
por ciento del mercado total de residencias geriátricas en todo el
territorio nacional. Se trata de las entidades Grupo Ballesol, Mapfre
Quavitae, AMMA-Gerogestión, Grupo Sar y Sanitas Residencial, subiendo al
23,8% al considerar a los 10 primeros competidores.
ANÁLISIS DEL SECTOR
Nos
encontramos ante un sector muy atomizado, en el que la gran mayoría de
empresas son pymes. Para una empresa pequeña es muy complicado crecer
por la competencia de las grandes, debido a la bajada de precios que
disminuye la rentabilidad, el incremento del precio del suelo, etc.
Para
intentar estudiar el sector y su estructura, podemos establecer varios
tipos de clasificaciones de los centros: por el número, por el tipo de
usuario, por el tipo de plazas, por el tipo de financiación de la plaza,
y, por último, por el tipo de gestión. A continuación te ofrecemos un
breve resumen de las tipologías:
- Clasificación por el número. Podemos
dividirlo a su vez en pisos tutelados –en ellos viven un máximo de seis
u ocho personas juntas–, pisos vigilados –la persona vive en un
apartamento propio y suele estar asociado a un centro de día–,
residencias pequeñas –con un número de usuarios de hasta 40 plazas–,
residencias medianas –de entre 40 y 100 plazas–, residencias grandes
–suelen tener entre 100 y 200 plazas– y residencias muy grandes –entre
250 y 300 plazas disponibles–.
- Clasificación por tipología de usuario. Las
dividiremos entre residencias para válidos –aquellas cuyos usuarios son
independientes para las actividades de la vida diaria–, asistidos –los
usuarios tienen dependencia física, funcional o mental y precisan ayuda
para las actividades diarias– y mixtas –son las residencias que incluyen
personas asistidas y válidas.
- Clasificación en cuanto al tipo de plazas. Pueden
ser permanentes, temporales, diurnas o centros de día y plazas socio
sanitarias –el residente ingresa en la residencia directamente desde el
hospital–.
- Clasificación según el tipo de financiación.
Encontramos en este grupo plazas públicas –financiadas por la
Administración Pública, la Autonómica o la Local, en donde el usuario
aporta aproximadamente el 80% de su pensión–, plazas privadas y plazas
cofinanciadas –al 50% la Administración y el usuario–.
- Clasificación según la modalidad de gestión. Tenemos la residencia pública, la privada y la concertada, cuya gestión es en parte pública y en parte privada.
- Clasificación según la atención. Podemos
clasificarlas en generales –que atienden a ancianos con todo tipo de
problemática– y específicas –que centran su atención en un colectivo con
patologías determinadas–.
Los grandes grupos consolidarán sus planes de
expansión gracias al incremento del concierto con los servicios sociales
públicos, mientras los pequeños operadores encontarán mayores
dificultades para la supervivencia, debido a una clima de creciente
rivalidad. La clave en el aumento progresivo de la demanda social de
servicios de asistencia sociosanitaria a las personas mayores hay que
buscarla en factores tanto socio-económicos como culturales, que
condicionan el ámbito en el que deben desarrollarse las condiciones
adecuadas para procurar su bienestar, y que no siempre pueden ser
satisfechas de forma asumible por su entorno familiar.
"Ud. como residencia ha hecho algo mal... yo como inspector solo tengo que encontrarlo".
Este
es el dogma de fé que llevan todos los inspectores de las Consejerías
de Familia y Servicios Sociales de todas las Comunidades Autónomas. La
persecución interesada que ejercen estos funcionarios sobre las empresas
que se dedican a ofrecer estos servicios es desmesurada. No existe
ninguna otra actividad en que se realicen tanta supervisión por parte
del poder político. Ah no, que no es con todas, es verdad. Se hacen en
particular sobre las que tienen menos de 50 plazas (ya que no les sirven
para obtener plazas que puedan entrar en el supuesto concierto que
existe para realizar un co-pago). Digo que es interesada porque imponen
multas (fuertes multas: oscilan entre los 3000€ y los 60000€ con el
cierre del establecimiento). Hay que contribuir al sostenimiento de este
cuerpo de funcionarios, claro.
En Madrid se incrementará el 50% el personal para realizar 3.000 inspeciones anuales.
La
Comunidad de Madrid reforzará el servicio de inspección a residencias
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales con nuevas actuaciones
que supondrán multiplicar por dos el número de inspecciones y pedirá la
opinión de los usuarios para conocer la calidad de estos centros. El día
que haga lo mismo con nuestos colegios o con los hospitales....
Este
será un primer paso antes de elaborar un Plan Global de Calidad de los
Servicios Sociales, que incluye entre las novedades más importantes la
obligatoriedad de visitar al menos en dos ocasiones al año los centros
residenciales.
Las nuevas actuaciones de
inspección imponen una serie de obligaciones tanto a centros como a la
propia Administración, que evaluará el grado de cumplimiento de sus
objetivos y la eficacia de sus actuaciones, con el fin último de
verificar la calidad de los servicios y que los destinatarios perciban
la atención más adecuada a sus necesidades. En la práctica depende del
coste de la plaza para quien la paga (en su mayoría los residentes y sus
familias de forma privada, como escribí arriba) así que... tendrán lo
que paguen.
Para conseguir estos objetivos, el servicio
de inspectores de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que
dirige Engracia Hidalgo en la Comunidad de Madrid, aumentará en número
hasta un total de 45 profesionales, de los que 22 serán inspectores, lo
que supondrá un incremento del 50% de personal.
Además, estos
profesionales llevarán a cabo las inspecciones cualquier día de la
semana, incluso festivos, y en horario tanto diurno como nocturno.
¿Se
imaginan una inspección a las dos de la madrugada cuando el/la
inspector/a llame de forma insistente para que le abran y que coincida
con un cambio postural y/o de pañales y la auxiliar deba dejar su
trabajo para atender al funcionario de turno?
En total,
se pretende realizar anualmente más de 3.000 inspecciones. ¿Eso en
multas cuanto será? Si ese es el objetivo y, digamos, que "pillan" a un
10%, o sea 300 residencias inspeccionadas a un mínimo de 3000€: 900.000€
y
si la media es de 20.000€: ¡¡¡6.000.000€!!! Lo que yo pensaba, un gran
negocio para la administración. Si lo dividiesemos entre los 45
inspectores sale un sueldo de controlador aereo.
Con este plan, también se establecerá la obligatoriedad de una inspección anual en los centros de atención diurna.
Asimismo,
el servicio de inspección vigilará que, por primera vez, otros
servicios de acción social, como la ayuda a domicilio y teleasistencia,
sean inspeccionados de forma aleatoria y no únicamente cuando sean
denunciados. Esta iniciativa contiene numerosas novedades tanto en la
cantidad como en la calidad de las inspecciones, que se adaptan a las
nuevas necesidades del sector e introducen nuevos métodos telemáticos,
así como el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la
actividad inspectora. Pero de las ayudas a la dependencia no quieren
saber.
Ya iban equipados estos funcionarios con un ordenador y una
impresora que les permite dejar, en el acto, una copia de del acta de
la inspección.
Igualmente, se llevará a cabo un
seguimiento especial a los centros sancionados o en los que se detecten
incidencias subsanables en visitas anteriores. Por supuesto, ha habido
casos en los que una residencia de 50 plazas, intentaba duchar a todos
sus residentes con un único calentador de 5l. doméstico... una
verguenza. Siempre hay listos que quieren sacar más beneficio del que dá
y se tiran colchones en el salón para que quepan más o, cuando hay
suerte literas y camas supletorias... ya casi no pasa, tranquilo.
La
opinión de los usuarios y familiares tendrá una gran importancia para
la labor de inspección de la Comunidad de Madrid, a los que de forma
anual se pedirá que evalúen el grado de satisfacción de los servicios
sociales que reciben mediante una encuesta de calidad. Aunque esos
servicios sociales se den de forma privada y no porque un asistente
social lo ofrezca y/o lo supervise. De hecho ni siquiera se persona el
médico del centro de salud del que dependen TODOS los residentes (en
forma de recetas, principalmente) que estén empadronados en su area.
Todo
este control redunda en las citadas Consejerías en más facturación,
perdón, multas para corregir supuestas desviaciones en la gestión y
trato que ofrecen estas empresas. Hay que recordar que tanto los
familiares como los residentes que las habitan ya pueden denunciar
cualquier maltrato y/o condiciones insalubres ante numerosos organismos
desde estas consejerías hasta la policía.
La consigna a
nivel político se parece mucho a la de la DGT: prohibir para multar;
multar para sostenernos en nuestras poltronas; vender la idea de que
"papá estado" es el único capacitado para decirte como tienes que vivir.