OTRO PARCHE
Ya hace tiempo que en el sector 
se reivindica que en lugar de sostener la solución ruinosa de crear y 
mantener residencias públicas debería convertirse en un tipo de 
subvención que dinamice el sector privado pero beneficiando en primera 
instancia al dependiente. Una de las opciones era dar un "cheque" a cada
 dependiente, según su grado de necesidad de ayuda, para sostener una 
vida digna sin "quemar" a su familia directa y por el importe al que se 
compromete la administración de turno para cumplir con sus votantes, 
perdón, con su conciencia social.
 
Si decidía ir
 a una residencia privada, solo tendría que aportar el cheque más la 
diferencia sobre el precio de cada residencia. Esta idea no gustó, ya 
que los precios son libres y todos subirían los precios en función de 
esa diferencia con la ayuda estatal. El mundo está lleno de ambiciosos 
con pocos escrúpulos. Pero es curioso que con el concierto actual se dé 
la situación contraria a favor de la administración, ya que estas pagan 
por debajo de mercado y te hacen creer que de esta manera consigues 
llenar tus plazas; sin contar las que terminan cerrando porque pagan 
demasiado tarde y con la situación crediticia, solo puedes pagar de tu 
bolsillo hasta que se te acaba el dinero.
En la Comunidad de Madrid se acaba de instaurar el "Cheque Servicio".
 Es una ayuda económica que nace con la "vocación" (que bonito queda cuando usas la semántica)
 de dar libertad a la persona en situación de dependencia o a su familia
 para contratar el servicio o recurso que consideren más adecuado a sus 
necesidades. En cada comunidad autónoma variará. 
 Se
 reconoce cuando no es posible el acceso a un servicio prestado mediante
 la Red de Centros Públicos, Contratados y Concertados de la Comunidad 
de Madrid. En este caso, el usuario buscará en el sector privado el 
recurso que más le interese por el que percibirá una cuantía mensual de 
la Comunidad de Madrid que le ayude a sufragar su coste.  
Cuantías Máximas
   
 | Grado | Nivel | euros/mes | 
 
 | Grado III | Nivel 2 | 833,96 euros/mes | 
 | Grado III | Nivel 1 | 625,47 euros/mes | 
 | Grado II | Nivel 2 | 462,18euros/mes | 
 | Grado II | Nivel 1 | 401,20 euros/mes | 
 
Hay que tener en cuenta que la prestación económica vinculada al servicio es incompatible con el disfrute de ese mismo servicio, siempre que el acceso a este lo determine cualquier Administración Pública. Cada beneficiario sólo podrá percibir prestación económica de un tipo.
 1. Las cuantías máximas de las prestaciones económicas se establecerán anualmente por Real Decreto,
 previo acuerdo del Consejo Territorial, para los grados y niveles con 
derecho a prestaciones. La cuantía de las prestaciones económicas 
areconocer a cada beneficiario se determinará aplicando a la cuantía vigente para cada año un coeficiente reductor, según su capacidad económica. 
2. La
 cuantía de la prestación será del 100% de la cantidad establecida por 
el órgano competente cuando la capacidad económica del beneficiario sea 
igual o inferior al IPREM.
3. Si la capacidad económica es superior al IPREM, el beneficiario recibirá una prestación
 de, al menos, el 40% de la cuantía establecida anualmente para las 
prestaciones económicas vinculadas al servicio y de asistencia personal;
 y del 75% para la de cuidados en el entorno familiar.
4. El
 porcentaje específico de participación se determinará en función de las
 siguientes fórmulas, que aseguran la progresividad en su aplicación:
-  
Cuantía mensual para la prestación económica vinculada al servicio: CM x [1,1125 - (0,15 x R/IPREM)]. 
-  
Cuantía mensual para la prestación económica de asistencia personal: CM x [1,1125 - (0,15 x R/IPREM)] 
-  
Cuantía mensual para la prestación económica de cuidados en el entorno familiar: CM x [1’06 - (0’08 x R/IPREM)]. 
Donde:
-  
CM es la cuantía máxima establecida para cada prestación económica en cada grado y nivel de
 dependencia.
 
-  
R es la capacidad económica personal calculada según lo establecido en los artículos
 correspondientes de esta Orden, dividida por doce meses.
 
-  
IPREM es Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en la cuantía mensual aprobada por la normativa vigente, correspondiente al ejercicio en que se reconoce el derecho a la prestación. 
5. En el caso de que el 
Programa Individual de Atención conceda la prestación económica por 
cuidados en el entorno familiar y ayuda a domicilio no intensiva, la 
cuantía de la prestación será el 50% de la que le corresponda en función
 de su capacidad económica
6. En los supuestos en que el
 beneficiario sea titular de cualquier otra prestación de análoga 
naturaleza y finalidad establecida en otro régimen público de protección, se deducirán del importe a reconocer las prestaciones siguientes:
-  
Complemento de gran invalidez. 
-  
Complemento de la asignación económica 
por hijo a cargo mayor de dieciocho años, con un grado de minusvalía 
igual o superior al 75% 
-  
Complemento por necesidad de tercera persona de la pensión de invalidez no contributiva,
 regulado en los artículos 139.4, 182 bis.2.c), 145.6 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
-  
Subsidio de ayuda a tercera persona previsto en el artículo 12.2.c) de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. 
-  
Cualquier otra prestación económica de 
análoga naturaleza y finalidad concedida por otros regímenes públicos 
equivalentes al de la Seguridad Social. 
7. 
Cuando el beneficiario sea
 titular de cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad,
 el importe de la prestación económica a reconocer, tras las deducciones
 anteriores, no podrá ser inferior al 25% de la cuantía máxima 
establecida para cada una de las prestaciones económicas vigente en la fecha en que se produzca el reconocimiento de la prestación.
En Castilla y León ya lleva algún tiempo y lo han repartido así:
Por
 lo que respecta a la edad, tienen, principalmente, entre 25 y 50 años 
(91,4 por ciento). Les siguen los mayores de 50 (6,8 por ciento), y los 
menores de 25 (1,8 por ciento). En cuanto a los estudios, los mayores 
porcentajes los registran licenciado y diplomados (con un 36,16 y un 
34,7 por ciento, en cada caso); personas que han cursado Formación 
Profesional (FP) (14,2 por ciento), Educación Secundaria (14,02) y con 
estudios primarios (0,92 por ciento).

 
Satisfacción
La
 última encuesta sobre el ‘Cheque servicio’ indica que se ha configurado
 como una herramienta efectiva de conciliación de la vida familiar y 
laboral. El 92 por ciento de los usuarios encuestados asegura que esta 
iniciativa ha sido de gran ayuda para conciliar la vida laboral y 
familiar y la práctica totalidad recomendaría este servicio a otras 
personas. Además, un 73 por ciento reconoce sentirse “muy satisfecho” 
con el servicio.
Ya se sabe con las encuestas: si tú te has comido un pollo y yo no, los dos nos hemos comido medio pollo.
Al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga.
 
UN NEGOCIO RECIENTE
Unos
 5,5 millones de españoles sobrepasan los 65 años. Buena parte de este 
colectivo mantiene todas su facultades en perfecto estado, pero uno de 
cada cuatro necesita algún tipo de ayuda para desenvolverse en sus 
actividades cotidianas.
Aunque casi todos los mayores prefieren 
ser atendidos por sus familiares antes que recurrir a servicios sociales
 públicos o privados, el frenético ritmo de vida actual no concede 
margen para prestar a los ancianos los cuidados que necesitan.
Las
 residencias son una alternativa para aquellas personas que no pueden 
llevar una vida independiente ni recibir la asistencia adecuada en su 
propio domicilio. Sin embargo, las estadísticas revelan que el volumen 
de plazas ofertadas por estos centros no es suficiente para atender de 
forma adecuada a la tercera edad.
Mientras que en la mayor parte de los países europeos
 el número de camas está entre 5 y 6 por cada 100 habitantes, en España 
la tasa es de 2,5. Por tanto, nuestro país necesita incrementar entre un
 40 y un 50% el número de plazas para ponerse a la altura de la UE y 
poder cubrir las necesidades de este segmento de la población.
Las
 listas de espera para ingresar en una residencia pública son 
interminables (de media 15 meses, hay que ser pobre de solemnidad, sin 
patrimonio ni ingresos que superen el mínimo del baremo de dependencia) y
 tan sólo a unos pocos se les concede el privilegio de disfrutar de una 
plaza. Si el presupuesto familiar lo permite, la alternativa es recurrir
 a un centro privado. 
En los últimos 20 años hemos 
pasado de convertir cualquier chalet grande, llenarle de camas y casi 
sin ninguna adaptación (a veces con un pasamanos bastaba) a macrocentros
 de 600 plazas. Era necesaria una regulación del sector por parte de las
 administraciones lo suficientemente amplia y exigente como para impedir
 las prácticas desaprensivas de algunos centros (de vez en cuando se 
"destapa" que en alguna residencia nuestros mayores están hacinados, se 
les da de comer un rancho insufrible y poco o nada adaptado a sus 
patologías: diabetes, hipertensión...). He de decir, que muchas de estas
 situaciones son "consentidas" por los familiares, ya que les cobran por
 debajo de mercado (800 o 900€/mes), que es lo que se pueden permitir 
pagar, a lo mejor entre varios hijos, quitandose de encima el trastorno 
de tener a un anciano que necesita una atención constante por culpa de 
un Altzheimer o un Parkinson, que no pueden asearse ni vestirse ni comer
 por su cuenta, que no quieren o no pueden controlar su medicación (con 
un pautado horario específico y una cantidad de pastillas llamativa para
 un "sano", pueden tomar 20 pastillas al día). Quizá en algún momento 
sufren una inspección y les pillan descubriendo estas situaciones.
Hay
 que ser realista para darse cuenta que no existen plazas estatales 
suficientes, y que según los criterios de admisión de las comunidades 
autónomas (se suelen quedar con el 80% de la pensión en concepto de pago
 por la plaza) es una empresa que da pocos réditos políticos y un gasto 
social desmesurado. Haciendo una cuenta rápida, si a mi padre o a mi 
abuela, que han trabajado como animales toda su vida para sacar a su 
familia (y al país de una postguerra y una dictadura) adelante pero que,
 especialmente las mujeres de aquella época por diversas razones, no han
 cotizado a la seguridad social y han recibido una pensión no 
contributiva de unos 400€ y, por utilizar un símil quizá más simple de 
entender, ¿que hotel da alojamiento con pensión completa, lavandería, 
servicio de enfermería y médico por 10€ al día? La diferencia sale de 
nuestros impuestos, o sea que si tenemos unas 50.000 plazas públicas y 
faltara por compensar con 1000€ cada plaza con esos impuestos serían 50 
millones al mes x 12 = 600 millones. Aquí no contamos el coste de crear 
cada centro (de 300.000 a 10 millones de euros cada uno; hay más de 1000
 en todo el país de titularidad pública). Mucho dinero.
El
 sector privado ha crecido enormemente, alrededor de un 11% en los 
últimos tres años, de manera que en este momento el índice de cobertura 
nacional está en el 3,78 %. Esto quiere decir
 que por cada 100 personas mayores de 65 años hay 3,78 plazas. Se han 
creado 300.000 plazas en un breve periodo de tiempo gracias a la gestión
 privada.
En este momento 
hay alrededor de un 20% de camas vacías en España. El sector privado 
está soportando unas rentabilidades escasas, incluso perdidas. Se 
encuentra en una crisis de crecimiento. Por otro lado, las residencias públicas están totalmente llenas y con listas de espera.
¿Dónde reside el problema? 
En
 la concertación. No hay financiación para que las personas puedan 
acceder a las plazas concertadas. Anualmente, las consejerías sociales 
de cada comunidad autónoma aprueban unos presupuestos, y con ellos crean
 plazas concertadas. Los usuarios piden la concesión de una plaza 
concertada directamente, y con cargo a ese presupuesto, van otorgando 
plazas subvencionadas. Cuando el presupuesto se agota, también se agotan
 las plazas, y no se crean más.
Trámites y 'papeleo'.
Además
 de los requisitos arquitectónicos, de equipamiento y de personal 
exigidos por la legislación, para poner en funcionamiento la residencia 
tendrá que obtener la licencia municipal correspondiente, inscribirse en
 el registro de entidades dedicadas a prestar servicios sociales, darse 
de alta en Hacienda y en la Seguridad Social.
Además, es preciso 
solicitar la autorización administrativa de la consejería de Asuntos 
Sociales de la comunidad autónoma. Conviene también suscribir un seguro 
de responsabilidad civil que le respalde ante cualquier percance que 
pudiera sufrir el paciente.
Si quiere que le lluevan los clientes,
 tendrá que poner especial empeño en prestar un servicio inmejorable. 
Los usuarios deben sentirse como en su propia casa, lo que depende en 
buena medida de la cualificación del personal que contrate.Además de los
 servicios fundamentales, puede ofrecer a sus clientes otras 
prestaciones como terapia ocupacional, fisioterapia, asistencia social y
 peluquería, para lo que tendrá que incrementar la plantilla de personal
 especializado.
Es un buen negocio, si puede invertir entre 
100.000€ y varios millones.
 No sufre altibajos por estacionalidad pero sí muchos requerimientos 
burocráticos (que suelen ahogar a las residencias pequeñas), sufriendo 
al menos tres inspecciones cada años (por lo general dos de los 
servicios sociales y una de sanidad. Con un precio por plaza en torno a 
1.500€/residente, en una residencia de 30 plazas y cumpliendo los 
criterios exigidos por cada Consejería de Asuntos Sociales, con tres 
auxiliares en cada turno de día y un auxiliar de noche, una enfermera y 
un médico a tiempo parcial (que se tiene por imagen y para agilizar 
servicios como certificar una defunción o facilitarle al médico del 
centro de salud las recetas de las medicinas que prescribir él al estar 
esos residentes empadronados en ese distrito) se tiene un coste en este 
personal de unos 12.000€/mes. Limpieza, lavandería y cocina unos 
4000€/mes. (en personal, agua y detergentes aparte). Un/a director/a 
2.000 a 2.500€/mes, por supuesto, comida: 8€/persona/día es la media por
 las 30 plazas por 30 días: 7.200€/mes.
O sea:
Ingresos ------------- 1.500€/residente/mes x 30 plazas= 45.000€/mes
Gastos ------------ Personal (todo):                                 16.000€/mes
                          Catering:                                             7.200€/mes
                          Alquiler ó hipoteca:                               6.000€/mes
                          Suministros (luz, gas, teléfono):             1.000€/mes
                          Impuesto sociedades (35%  45.000-30.200=14.800 x 35%= 9.600€ margen)     
Hay
 "gastos" como las retenciones de los trabajadores que sí las he metido 
(grosso modo) pero no el famoso iva que es del 8%. No es un ebitda en 
condiciones y esto es una situación idílica en la que se tiene el 100% 
de capacidad ocupado pero, ¿y sí solo se consigue entre el 70 y el 80% 
de capacidad? Las cuentas empezarán a no salir. Por ejemplo, con el 70% 
(21 plazas ocupadas) hay que seguir manteniendo la misma estructura de 
personal y solo algunos gastos como la comida, bajarán algo:
Ingresos ------------- 1.500€/residente/mes x 21 plazas= 31.500€/mes
Gastos ------------ Personal (todo):                                 16.000€/mes
                          Catering:                                             5.000€/mes
                          Alquiler ó hipoteca:                               6.000€/mes
                          Suministros (luz, gas, teléfono):             1.000€/mes
                          Impuesto sociedades (35%  31.500-28.000=3.500 x 35%= 2.275€ margen)
Ya no parece tan buen negocio ¿no?
                   
El coste de atender a un 
dependiente
 es muy dispar. No es lo mismo pagar los 1.800 euros mensuales de media 
que cuesta una plaza en una residencia que los 519 euros que recibe, 
como máximo, un cuidador no profesional cada mes. 
La teleasistencia aún es más barata: 20 euros mensuales. Las diferencias en el coste de las prestaciones que ofrece la 
Ley de Dependencia
 han llevado a la mayoría de las comunidades autónomas a pedir un cambio
 en la forma en que el Estado les reparte el dinero para aplicar la 
norma. Como complemento, se supone que va a dar una serie de ayudas (a 
algunos se les ha concedido una cantidad de chiste, algunos céntinos, o 
pero aún, la han recibido a título póstumo). Aquí puede hacerse una idea
 para su 
cálculo.
El
 sector tiende a buscar una mejor calidad en el servicio, asociada a una
 mejor relación calidad-precio. También se tiende a hacer residencias 
medianas y grandes. Muchas pequeñas han desaparecido o desaparecerán 
porque no pueden hacer frente a todas las exigencias administrativas ni 
competir con las instalaciones de las grandes. Desde mi punto de vista, 
considero que debería fomentarse la permanencia de residencias pequeñas 
puesto que hay usuarios que las prefieren, pero no son rentables por 
debajo de 25 usuarios (insisto: personal en tres turnos, enfermería, 
medico, farmacia, catering o cocina en el centro, adaptación de 
instalaciones según criterio de la comunidad autónoma de turno, 
alquileres de los edificios o hipoteca por compra y/o construcción).
Del
 total de residencias que estaban en funcionamiento el año 2008 ( no he 
encontrado datos más recientes), es decir 5.002 centros con una suma de 
338.294 plazas, la mayor parte 3.866 eran de titularidad privada, y de 
éstas 2.673 de iniciativa mercantil y 1.193 de iniciativa social (estas 
son las que pertenecen a alguna obra social de una caja de ahorros). Las
 1.136 restantes correspondían de titularidad pública. En términos de 
plazas, la oferta procedente del sector privado continuó siendo 
mayoritaria, suponiendo el 73,1% del total de plazas, mientras que el 
26,8% restante eran públicas. Cinco empresas privadas absorben un 16,4 
por ciento del mercado total de residencias geriátricas en todo el 
territorio nacional. Se trata de las entidades Grupo Ballesol, Mapfre 
Quavitae, AMMA-Gerogestión, Grupo Sar y Sanitas Residencial, subiendo al
 23,8% al considerar a los 10 primeros competidores.
ANÁLISIS DEL SECTOR
  
Nos
 encontramos ante un sector muy atomizado, en el que la gran mayoría de 
empresas son pymes. Para una empresa pequeña es muy complicado crecer 
por la competencia de las grandes, debido a la bajada de precios que 
disminuye la rentabilidad, el incremento del precio del suelo, etc.
Para
 intentar estudiar el sector y su estructura, podemos establecer varios 
tipos de clasificaciones de los centros: por el número, por el tipo de 
usuario, por el tipo de plazas, por el tipo de financiación de la plaza,
 y, por último, por el tipo de gestión. A continuación te ofrecemos un 
breve resumen de las tipologías: 
- Clasificación por el número. Podemos
 dividirlo a su vez en pisos tutelados –en ellos viven un máximo de seis
 u ocho personas juntas–, pisos vigilados –la persona vive en un 
apartamento propio y suele estar asociado a un centro de día–, 
residencias pequeñas –con un número de usuarios de hasta 40 plazas–, 
residencias medianas –de entre 40 y 100 plazas–, residencias grandes 
–suelen tener entre 100 y 200 plazas– y residencias muy grandes –entre 
250 y 300 plazas disponibles–.
- Clasificación por tipología de usuario. Las 
dividiremos entre residencias para válidos –aquellas cuyos usuarios son 
independientes para las actividades de la vida diaria–, asistidos –los 
usuarios tienen dependencia física, funcional o mental y precisan ayuda 
para las actividades diarias– y mixtas –son las residencias que incluyen
 personas asistidas y válidas.
- Clasificación en cuanto al tipo de plazas. Pueden 
ser permanentes, temporales, diurnas o centros de día y plazas socio 
sanitarias –el residente ingresa en la residencia directamente desde el 
hospital–.
- Clasificación según el tipo de financiación. 
Encontramos en este grupo plazas públicas –financiadas por la 
Administración Pública, la Autonómica o la Local, en donde el usuario 
aporta aproximadamente el 80% de su pensión–, plazas privadas y plazas 
cofinanciadas –al 50% la Administración y el usuario–.
- Clasificación según la modalidad de gestión. Tenemos la residencia pública, la privada y la concertada, cuya gestión es en parte pública y en parte privada.
- Clasificación según la atención. Podemos 
clasificarlas en generales –que atienden a ancianos con todo tipo de 
problemática– y específicas –que centran su atención en un colectivo con
 patologías determinadas–. 
Los grandes grupos consolidarán sus planes de 
expansión gracias al incremento del concierto con los servicios sociales
 públicos, mientras los pequeños operadores encontarán mayores 
dificultades para la supervivencia, debido a una clima de creciente 
rivalidad. La clave en el aumento progresivo de la demanda social de 
servicios de asistencia sociosanitaria a las personas mayores hay que 
buscarla en factores tanto socio-económicos como culturales, que 
condicionan el ámbito en el que deben desarrollarse las condiciones 
adecuadas para procurar su bienestar, y que no siempre pueden ser 
satisfechas de forma asumible por su entorno familiar.
"Ud. como residencia ha hecho algo mal... yo como inspector solo tengo que encontrarlo".
Este
 es el dogma de fé que llevan todos los inspectores de las Consejerías 
de Familia y Servicios Sociales de todas las Comunidades Autónomas. La 
persecución interesada que ejercen estos funcionarios sobre las empresas
 que se dedican a ofrecer estos servicios es desmesurada. No existe 
ninguna otra actividad en que se realicen tanta supervisión por parte 
del poder político. Ah no, que no es con todas, es verdad. Se hacen en 
particular sobre las que tienen menos de 50 plazas (ya que no les sirven
 para obtener plazas que puedan entrar en el supuesto concierto que 
existe para realizar un co-pago). Digo que es interesada porque imponen 
multas (fuertes multas: oscilan entre los 3000€ y los 60000€ con el 
cierre del establecimiento). Hay que contribuir al sostenimiento de este
 cuerpo de funcionarios, claro.
En Madrid se incrementará el 50% el personal para realizar 3.000 inspeciones anuales.
La
 Comunidad de Madrid reforzará el servicio de inspección a residencias 
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales con nuevas actuaciones 
que supondrán multiplicar por dos el número de inspecciones y pedirá la 
opinión de los usuarios para conocer la calidad de estos centros. El día
 que haga lo mismo con nuestos colegios o con los hospitales....
Este
 será un primer paso antes de elaborar un Plan Global de Calidad de los 
Servicios Sociales, que incluye entre las novedades más importantes la 
obligatoriedad de visitar al menos en dos ocasiones al año los centros 
residenciales. 
Las nuevas actuaciones de 
inspección imponen una serie de obligaciones tanto a centros como a la 
propia Administración, que evaluará el grado de cumplimiento de sus 
objetivos y la eficacia de sus actuaciones, con el fin último de 
verificar la calidad de los servicios y que los destinatarios perciban 
la atención más adecuada a sus necesidades. En la práctica depende del 
coste de la plaza para quien la paga (en su mayoría los residentes y sus
 familias de forma privada, como escribí arriba) así que... tendrán lo 
que paguen.
Para conseguir estos objetivos, el servicio
 de inspectores de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que 
dirige Engracia Hidalgo en la Comunidad de Madrid, aumentará en número 
hasta un total de 45 profesionales, de los que 22 serán inspectores, lo 
que supondrá un incremento del 50% de personal. 
Además, estos 
profesionales llevarán a cabo las inspecciones cualquier día de la 
semana, incluso festivos, y en horario tanto diurno como nocturno.
¿Se
 imaginan una inspección a las dos de la madrugada cuando el/la 
inspector/a llame de forma insistente para que le abran y que coincida 
con un cambio postural y/o de pañales y la auxiliar deba dejar su 
trabajo para atender al funcionario de turno?
En total,
 se pretende realizar anualmente más de 3.000 inspecciones. ¿Eso en 
multas cuanto será? Si ese es el objetivo y, digamos, que "pillan" a un 
10%, o sea 300 residencias inspeccionadas a un mínimo de 3000€: 900.000€
y
 si la media es de 20.000€: ¡¡¡6.000.000€!!! Lo que yo pensaba, un gran 
negocio para la administración. Si lo dividiesemos entre los 45 
inspectores sale un sueldo de controlador aereo.
Con este plan, también se establecerá la obligatoriedad de una inspección anual en los centros de atención diurna. 
Asimismo,
 el servicio de inspección vigilará que, por primera vez, otros 
servicios de acción social, como la ayuda a domicilio y teleasistencia, 
sean inspeccionados de forma aleatoria y no únicamente cuando sean 
denunciados. Esta iniciativa contiene numerosas novedades tanto en la 
cantidad como en la calidad de las inspecciones, que se adaptan a las 
nuevas necesidades del sector e introducen nuevos métodos telemáticos, 
así como el uso de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la 
actividad inspectora. Pero de las ayudas a la dependencia no quieren 
saber.
Ya iban equipados estos funcionarios con un ordenador y una
 impresora que les permite dejar, en el acto, una copia de del acta de 
la inspección.
Igualmente, se llevará a cabo un 
seguimiento especial a los centros sancionados o en los que se detecten 
incidencias subsanables en visitas anteriores. Por supuesto, ha habido 
casos en los que una residencia de 50 plazas, intentaba duchar a todos 
sus residentes con un único calentador de 5l. doméstico... una 
verguenza. Siempre hay listos que quieren sacar más beneficio del que dá
 y se tiran colchones en el salón para que quepan más o, cuando hay 
suerte literas y camas supletorias... ya casi no pasa, tranquilo.
La
 opinión de los usuarios y familiares tendrá una gran importancia para 
la labor de inspección de la Comunidad de Madrid, a los que de forma 
anual se pedirá que evalúen el grado de satisfacción de los servicios 
sociales que reciben mediante una encuesta de calidad. Aunque esos 
servicios sociales se den de forma privada y no porque un asistente 
social lo ofrezca y/o lo supervise. De hecho ni siquiera se persona el 
médico del centro de salud del que dependen TODOS los residentes (en 
forma de recetas, principalmente) que estén empadronados en su area.
Todo
 este control redunda en las citadas Consejerías en más facturación, 
perdón, multas para corregir supuestas desviaciones en la gestión y 
trato que ofrecen estas empresas. Hay que recordar que tanto los 
familiares como los residentes que las habitan ya pueden denunciar 
cualquier maltrato y/o condiciones insalubres ante numerosos organismos 
desde estas consejerías hasta la policía.
La consigna a
 nivel político se parece mucho a la de la DGT: prohibir para multar; 
multar para sostenernos en nuestras poltronas; vender la idea de que 
"papá estado" es el único capacitado para decirte como tienes que vivir.