El plan esbozado por José María Ruiz-Mateos para devolver los 250 millones de euros que debe a unos 3.000 inversores particulares empieza a hacer aguas. Tras asegurar el miércoles en una dramática rueda de prensa que aportaría "hasta la última peseta" para reintegrar los pagarés y participaciones de Nueva Rumasa, todo apunta a que sus intenciones quedarán en papel mojado.
Según detalló el miércoles el abogado de la familia, Joaquín Yvancos, los Ruiz-Mateos reclaman al Estado 18.000 millones de euros por la retasación de los inmuebles de las empresas del grupo Rumasa expropiadas en los años ochenta. El jurista se mostró confiado de que obtendrán una sentencia favorable en los múltiples pleitos en marcha. El primero en resolverse podría ser el de Galerías Preciados, cuya resolución estimó para dentro de año y medio, en el que se reclaman 6.000 millones.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Hacienda emitió ayer un comunicado destacando que no hay deuda alguna que saldar. "Hasta la fecha no ha existido, ni existe ninguna obligación del Estado como consecuencia de sentencia firme o en resolución de ejecución de la misma para abonar cantidad alguna a los accionistas mayoritarios (familia Ruiz-Mateos) de Rumasa", apunta el comunicado. El departamento que dirige Elena Salgado se considera "obligado" a realizar esta aclaración tras la rueda de prensa del patriarca.
Eludir responsabilidades
"No existe, ni hay previsión de que exista, ninguna transacción judicial o extrajudicial entre el Estado español y el señor Ruiz-Mateos", asegura Economía, pese a que "existen más de doscientas sentencias firmes del Tribunal Supremo contrarias a los intereses de la familia Ruiz-Mateos".
"No es de esperar que se produzca indemnización alguna por parte del Estado", concluye el despacho Iure Abogados, especializado en derecho concursal y que representa a buena parte de los inversores en Nueva Rumasa.
Según el bufete, la verdadera intención de los Ruiz-Mateos, que pretenden ceder los derechos de cobro derivados de la expropiación de Rumasa, es quedar "exonerados de la responsabilidad de los créditos, al quedar liquidada la deuda con motivo de la aceptación de la propuesta".
Según detalló el miércoles el abogado de la familia, Joaquín Yvancos, los Ruiz-Mateos reclaman al Estado 18.000 millones de euros por la retasación de los inmuebles de las empresas del grupo Rumasa expropiadas en los años ochenta. El jurista se mostró confiado de que obtendrán una sentencia favorable en los múltiples pleitos en marcha. El primero en resolverse podría ser el de Galerías Preciados, cuya resolución estimó para dentro de año y medio, en el que se reclaman 6.000 millones.
Sin embargo, el Ministerio de Economía y Hacienda emitió ayer un comunicado destacando que no hay deuda alguna que saldar. "Hasta la fecha no ha existido, ni existe ninguna obligación del Estado como consecuencia de sentencia firme o en resolución de ejecución de la misma para abonar cantidad alguna a los accionistas mayoritarios (familia Ruiz-Mateos) de Rumasa", apunta el comunicado. El departamento que dirige Elena Salgado se considera "obligado" a realizar esta aclaración tras la rueda de prensa del patriarca.
Eludir responsabilidades
"No existe, ni hay previsión de que exista, ninguna transacción judicial o extrajudicial entre el Estado español y el señor Ruiz-Mateos", asegura Economía, pese a que "existen más de doscientas sentencias firmes del Tribunal Supremo contrarias a los intereses de la familia Ruiz-Mateos".
"No es de esperar que se produzca indemnización alguna por parte del Estado", concluye el despacho Iure Abogados, especializado en derecho concursal y que representa a buena parte de los inversores en Nueva Rumasa.
Según el bufete, la verdadera intención de los Ruiz-Mateos, que pretenden ceder los derechos de cobro derivados de la expropiación de Rumasa, es quedar "exonerados de la responsabilidad de los créditos, al quedar liquidada la deuda con motivo de la aceptación de la propuesta".
Leche Pascual, a la espera de Clesa
Mientras Ruiz-Mateos publicita su intención de lavar su nombre y reintegrar su deuda a los inversores en pagarés, los acontecimientos se siguen sucediendo en las empresas que formaban el grupo.El presidente de Leche Pascual, Tomás Pascual, recordó ayer que "el futuro de Cacaolat pasa por lo que decida Clesa". Así respondió Pascual a la pregunta de si su compañía sigue interesada en adquirir la empresa que controlaba el grupo Nueva Rumasa, y que ahora se encuentra en situación concursal. "Todo depende de lo que suceda con la matriz, Clesa. Cacaolat es una gran compañía, y habría que ver si la valoración es la adecuada", apuntó Pascual.
Otros antiguos integrantes de Nueva Rumasa, en este caso los cinco hoteles afincados en Canarias, entraron en concurso el miércoles, con lo que se elevan a 30 las sociedades en suspensión de pagos. Los trabajadores de los hoteles, que llevan un mes sin cobrar, acogieron positivamente la noticia y confían en que el proceso se resuelva pronto.
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